El baldado de agua fría que hace unos meses lanzó el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Transporte, con el que anunciaba que los anticipos para los contratos de obras públicas serían máximo del 10%, dejó con un sinsabor al gremio de la construcción y de la infraestructura y con la impresión de que el Ejecutivo castigaba a todos los empresarios de este sector, como consecuencia de las malas prácticas y las maniobras "amañadas" de unos pocos, que hoy son los grandes protagonistas de los carruseles de la contratación.

Las voces de rechazo a esta disposición, por parte de los gremios, como la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) y de la Sociedad Colombiana de Ingenieros (SCI), no se hicieron esperar. Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la primera organización mencionada, sostuvo que "por un sobredimensionamiento mediático" de casos puntuales de corrupción, se estaba estimagtizando a la mayoría de contratistas y se había generado un creencia popular de que el mal uso de los recursos era un regla general en estos proyectos.

El directivo agregó que "se trata de una propuesta anti-técnica, porque el monto del anticipo debe asociarse con el flujo de caja, los plazos y las características específicas de los proyectos".

Por su parte, el presidente de la SCI dijo que la medida "constituye golpe de muerte para las pequeñas y medianas empresas de ingeniería, que usualmente financian el despegue de los proyectos con el anticipo y fomenta la concentración de la contratación en cabeza de grandes empresas, que sí cuentan con músculo financiero".



No obstante estas inconformidades, el Ejecutivo aún mantiene su posición, con el objetivo de garantizar la transparencia en los procesos de contratación y el buen uso de los recursos públicos, que deben cumplir con generarle mayor desarrollo y competitividad al país y no riqueza a unos cuantos. Sin embargo, el Ministerio de Transporte anunció su disposición de dialogar y por ello desde el anuncio oficial, se han realizado varias reuniones.

¿Pero realmente qué alternativas existen para qué se cambie esta decisión? O si el Gobierno no se echa para atrás en su postura, ¿cómo sobrevivir y ser contratista del sector público con solo anticipos del 10%?

Con respecto al primer interrogante, el ministro de Transporte, Germán Cardona, dejó claro que está abierto a escuchar las propuestas del sector constructor, para encontrar otras alternativas que solucionen la inconformidad, sin que eso signifique no garantizar el buen destino de los recursos.



Así las cosas, la SCI y la CCI le propusieron al Gobierno que en la fórmula de adjudicación sean los proponentes quienes digan qué porcentaje de anticipo para una obra determinada quieren, entre el 0% y el 50%. La idea fue bien recibida por Cardona.

"Este porcentaje también será un factor sujeto de evaluación para adjudicar un contrato, pues el contratista que pida menos obtendrá una mejor valoración", sostuvo Cardona.

Otra de las propuestas presentadas por los gremios para buscar el cambio de postura del Gobierno, la lanzó el presidente de la SCI, Daniel Flórez, quien llamó la atención sobre la necesidad de que se trabaje en las interventorías de las obras, para que se haga un seguimiento estricto de cada peso que se destina a un proyecto y para ello es necesario que a la interventoría se le devuelvan las condiciones para intervenir en todos los factores que comprende la contratación, y no como se desarrolla actualmente, donde el seguimiento constante a los proyectos se dejó de lado y se comenzó a hacer una supervisión menos rigurosa.

En el fortalecimiento de la vigilancia y protección de los recursos y en reversar la medida también se mostró de acuerdo el senador Juan Manuel Robledo, quien evidenció en sus argumentos el peligro que corre el empresariado nacional, ya que sin recursos se hace casi imposible competir con empresas extranjeras que cuentan con mayores capitales para apalancar cualquier obra que les sea adjudicada.

"Conduce a seguir concentrando entre extranjeros la posibilidad de desarrollar la actividad empresarial, arruinando a quienes hoy ejercen esas tareas(...) Y es obvio que reducir los anticipos para contratos de infraestructura al 10% impondrá que esa actividad quede en manos de las empresas que tengan un gran poder financiero, las cuales, inexorablemente, serán las trasnacionales y las nativas controladas por los banqueros. Inaudito obligar a las empresas a pagar altos costos financieros, mientras los recursos públicos disponibles para las obras se dejan en los bancos a cambio de bajísimos intereses", sostuvo el congresista.

Construir con 10%

Pero mientras el Gobierno escucha los argumentos de unos y otros y busca alternativas para que el desarrollo de obras públicas esté caracterizado por la transparencia sin que eso signifique la afectación del gremio, el sector se debe concentrar en cómo sobrevivir con anticipos del 10% si va a llevar a cabo obras públicas.

La primera alternativa para lograrlo la planteó el propio Cardona, al instar a los contratistas a buscar el apalancamiento necesario para iniciar las obras en el sector financiero, exponiendo como el principal argumento, para lograr el crédito, que el Gobierno Nacional irá pagando por los avances de la obra, de acuerdo a los términos que se hayan negociado en cada contrato.

Otra de las alternativas planteadas, esta vez por el sector privado, es conseguir -como se ha logrado en otros países donde los anticipos son de cero- un pacto con los bancos y las entidades financieras, que les permita a los contratistas disponer de los recursos en el momento y monto que sean necesarios, sin exigencias estrictas,como patrimonios propios que sirvan como respaldo de la deuda, sino que se logren teniendo como garantía los recursos que el Gobierno desembolsará de acuerdo a los avances de obra.



Para lograr este pacto, está claro que el sector constructor debe buscarlo de manera conjunta, porque al negociarse de manera individual, no ocurrirá nada distinto a lo que pasa hoy: las beneficiadas serán las compañías que le puedan demostrar a las entidades bancarias que tienen capitales propios, que sirven como respaldo adicional a los recursos que de a poco les irá entregando el Gobierno.

Esta alternativa también incluye invitar al sector financiero y a los fondos de pensiones, por ejemplo, a que sean socios de las obras y sean ellos los que pongan los recursos bases para iniciar las obras que le sean adjudicadas a un contratista.