Superar el déficit de vivienda en Colombia es una de las metas del gobierno de Juan Manuel Santos y el sector constructor se ha comprometido abiertamente a colaborar en esta empresa. Martha Pinto de De Hart es una de las líderes de esta tarea y desde Camacol, entidad que preside, ha puesto en marcha el plan de trabajo con el que espera que al final del cuatrienio el país cumpla la meta de un millón de viviendas construidas.

EL GREMIO DE la construcción, representado por Martha Pinto de De Hart, presidenta ejecutiva de Camacol, está ultimando detalles del plan de trabajo que implementará en este cuatrienio para lograr el gran salto de pasar de construir cuatrocientas mil viviendas a un millón.El ambicioso reto es el reflejo del compromiso que este sector adquirió con el nuevo Gobierno Nacional, que en el plan presidencial presentó a la construcción como una de sus locomotoras para generar mayor empleo (la construcción de cada vivienda nueva generaría entre tres y cuatro empleos nuevos) y satisfacer las necesidades de vivienda de las capas menos favorecidas de la población.Desde que el primer mandatario, Juan Manuel Santos, anunció el aumento de recursos destinados a los subsidios de vivienda y la reducción de costos en los créditos de VIS, Pinto de De Hart ha encabezado la labor de la principal agremiación del sector y ha ratificado el compromiso que tiene con esta tarea gubernamental.
Y es que esta economista de la Universidad de Los Andes ya sabe la rigurosidad que exigen los planes de desarrollo de un gobierno central, pues durante el primer mandato de Álvaro Uribe estuvo a cargo del Ministerio de Comunicaciones.Ahora, si bien Camacol es una agremiación del ámbito privado, la entidad debe trabajar muy de cerca con el sector público para cumplir la meta de un millón de viviendas en los próximos cuatro años.

La apuesta de Pinto de De Hart no ha sorprendido a quienes la conocen, porque en los diferentes cargos que ha ocupado siempre se la ha jugado por objetivos de gran envergadura.En principio, la tarea de incrementar la construcción de vivienda en más del 100% parecería utópica, sin embargo, la Presidenta Ejecutiva de Camacol tiene la certeza de que las condiciones están dadas para lograrlo, porque cuando la crisis económica mundial se profundizaba, a lo largo de 2009, las medidas anticílicas que se ejecutaron en el país, que, entre otras, incluía un subsidio a la tasa de crédito hipotecario, impulsaron la demanda de vivienda y, cuando menos se esperaba, las ventas en este sector aumentaron.

Como un efecto dominó, la medida permitió que hoy los números de la construcción sean positivos y generen cierta tranquilidad en quienes están metidos en el negocio. “Las licencias de construcción crecen al 20%; las ventas de cemento, al 1,4%; los desembolsos de crédito hipotecario, al 26%; los costos de la construcción, al 1% y las tasas de interés siguen una tendencia a la baja. En términos anuales, según el censo mensual de Coordenada Urbana, los lanzamientos crecieron 11,8%; las ventas, 8,5%; las iniciaciones, 8,8%, y la oferta, 10%”, explica Pinto de De Hart.

Los desafíos

La necesidad de millones de colombianos de tener una vivienda propia, en condiciones más dignas, y la insuficiente oferta, con respecto a la demanda, son sin duda alguna las principales razones por la que el incremento de construcción de este tipo de inmuebles es el principal reto que tiene hoy el país.De acuerdo con Pinto de De Hart, “para el 2007, el promedio del mundo desarrollado de “iniciaciones de vivienda fue de 7,2 unidades por cada mil habitantes. En Colombia, el indicador fue de 3,7 unidades por cada mil habitantes, en el mismo período”.Así las cosas y no obstante los buenos indicadores del sector constructor en ese año, el atraso actual del país en vivienda, según la Presidenta Ejecutiva de Camacol, es sólo comparable con el nivel que presentó Estados Unidos durante el 2008 -2,7 unidades por cada mil habitantes-, año de la peor crisis hipotecaria e inmobiliaria de su historia. Para mejorar los niveles de vivienda en Colombia, Pinto de De Hart también llama la atención sobre lo que tiene que ver con el acceso a recursos, toda vez que si bien la actual administración y el sector financiero son conscientes de la importancia del gremio en el crecimiento del país, para Camacol, es necesario que se genere un apalancamiento aún mayor desde la banca, que le permita a más sectores de la población benefi ciarse con los sistemas de fi nanciación.

En relación con la desventaja en la que se encuentra la población que hoy no tiene acceso al crédito, la economista considera que además de trabajar en planes de bancarización, es necesario encontrar la manera de aumentar el subsidio para los más pobres, así como crear equipos de trabajo con los gobiernos municipales que permitan encontrar mecanismos para activar la gestión de suelo y facilitar la transformación urbana y rural.

El plan B

Otra decisión que ha causado gran incertidumbre entre los constructores es la sentencia de la Corte Constitucional, que declara inexequible el artículo 79 de la Ley 1151 de 2007, disposición que le permitía al Ejecutivo crear macroproyectos de interés social, pero que el alto tribunal considera son competencia exclusiva de los entes territoriales.
La posición de la Corte, en concepto de Camacol, urge entonces la búsqueda de otros mecanismos que permitan el desarrollo de proyectos de gran envergadura, porque sin duda alguna lo que proponía el Plan Nacional de Desarrollo había tenido gran acogida en el mercado y facilitaba superar el rezago del país en esta materia.“Respetamos plenamente la decisión de la Corte, pero consideramos de suma importancia que se diseñe una herramienta que, al igual que los macroproyectos, logre con gran efectividad la gestión asociada entre el Estado y el sector privado, para la generación de suelo destinado a VIS y a la construcción de infraestructura de escala regional o nacional dentro del ordenamiento territorial”, insiste Martha Pinto de De Hart.Mientras se encuentran alternativas en este sentido, el sector intenta aprovechar al máximo el carácter no retroactivo de la medida, que permite que los proyectos que habían iniciado antes del pronunciamiento de la Corte, bajo esta figura, no sufran modifi cación alguna, por lo que los constructores pueden seguir adelante con 27 megaproyectos, que ya habían comenzado a ejecutarse entonces y que hoy están en diferentes etapas de desarrollo.Otra de las opciones de la que pueden echar mano es la ley 388 de ordenamiento territorial, que contempla los macroproyectos pero a más largo plazo.