Entradilla: La corrupción en la contratación con entidades del Estado es solo uno de los obstáculos para los participantes y en muchas ocasiones producto de la múltiples interpretaciones de la norma. Aquí algunas claves para lograrlo y no morir en el intento.

El carrusel de la contratación en Bogotá, que pronto se convirtió en un gran escándalo y que llevó a destapar la corrupción y las malas prácticas a lo largo y ancho del país, ha conducido a cuestionar y revaluar los procesos de contratación pública, las normas bajo la cuales se desarrollan y la manera en que se deben implementar correctivos de inmediato para terminar con el despilfarro descarado de los recursos públicos ¿pero por qué el país no sale de este círculo vicioso?

De acuerdo con los más recientes informes de Transparencia por Colombia, denominados Índice de Transparencia Nacional Resultados 2008 - 2009 e Índice de Transparencia Municipal Resultados 2008 – 2009, el promedio general de los 148 municipios evaluados se ubicó en 59,5 en una escala de 100, lo que pone en tela de juicio los procedimientos y las políticas que rigen la contratación pública. Las ciudades que mejor se ubicaron estuvieron en riesgo moderado y ninguna en bajo o sin riesgo de corrupción.

“Los mayores riesgos que afectan la transparencia en lo municipal se concentran en la alta discrecionalidad en la toma de decisiones por parte de las autoridades locales; en el incumplimiento de las normas en asuntos centrales como la contratación pública y la apertura informativa sobre las acciones de gobierno; deficiente gestión de los recursos humanos y en la precariedad de los controles, incluyendo el social”, asegura Elisabeth Ungar Bleier, directora ejecutiva de Trasparencia por Colombia.

El no hacer públicos los procesos de contratación, el no informar sobre todas las licitaciones que abren, el realizar rendiciones de cuentas a medias, sin participación de la ciudadanía, realizar procesos licitatorios con solo un proponente y el no entregar la información completa a los organismo de control, son los mayores pecados que cometen los entes territoriales.

A esto se suma que la Ley 80 de 1993 –de Contratación de la Administración Pública- y la Ley 1150 de 2007 -medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993- dejan algunos vacíos jurídicos y están expuestas a múltiples interpretaciones, que llevan a irregularidades y corrupción, ya sea por acción o por omisión.

“La ley 1150 es un rotundo fracaso en su contenido; es una colcha de retazos. No había conocido una ley que siendo ley se lo deja todo al reglamento y no resuelve problemas, sino que simplemente da una serie de regulaciones”, asegura el presidente del Consejo de Estado, magistrado Rafael Ostau de Lafont Pianeta.

¿Cómo no morir en el intento?

En medio de la confusión por la norma y la oportunidad que ven en esos vacíos jurídicos los corruptos, aún hay maneras de lograr ser contratista del Estado y de sus diferentes entidades de manera honesta, correcta y en igualdad de condiciones.

De acuerdo con Manuel Sánchez Castro, gerente de Manuel Sánchez Abogados Consultores & Asociados Ltda., firma especialista en el asesoramiento y consultoría a participantes en el proceso de contratación pública, “si las entidades públicas realizan los estudios previos, definen los factores de evaluación y el valor del contrato, se realiza la tarea de escoger la modalidad de contratar y se cumple al pie de la letra con el cronograma y los tiempos estimados, no habría tantos problemas” y los proponentes tendrían una exitosa participación.

De acuerdo con Sánchez, la tarea de los participantes también está en conocer bien la norma, seguir al pie de la letra el proceso y no ser solo participantes sino también garantes y veedores de una selección y adjudicación lo más justas, pero, sobre todo, honestas.

Así que a la hora de vincularse con la contratación pública, tenga en cuenta los siguientes pasos y recomendaciones definitivos para lograr convertirse en contratista del Estado.