El rezago que el país tiene en materia de infraestructura y por supuesto la meta del millón de viviendas que se debe cumplir antes de finalizar el periodo presidencial de Juan Manuel Santos, plantea el reto de lograr estrategias que permitan hacer al país más competitivo, sobre todo, si se quiere realmente consolidarlo como una de las economías líderes de la región en los próximos años.

Ante lo que significa lograr nuevamente grados de inversión y la firma de acuerdos comerciales como el que en 2012 entrará en vigencia con Estados Unidos, el Gobierno Nacional y los empresarios comenzaron la búsqueda de planes de trabajo conjunto que por un lado saquen del atraso al país y por el otro permita que las dos partes obtengan beneficios económicos en esta tarea.

La exploración ha llevado a que se miren experiencias exitosas en el exterior que se puedan ajustar a las condiciones colombianas. Entre ellas se destacan el trabajo conjunto entre el sector privado y el público que se ha desarrollado en Chile y en menor medida en Perú, para conseguir que sus territorios cuenten con la infraestructura adecuada en todos los sectores económicos.

Con base en ello, en Colombia ya se empezó a hablar de la fórmula: Alianzas Público Privadas, con el único objetivo de atraer el capital privado a la inversión pública y lograr que las obras presten el mejor servicio y uso durante todo el tiempo de su vida útil.

El primer paso en ese camino lo dio el Ministerio de Hacienda, junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP) al presentar al Congreso, hace unas semanas, un proyecto de ley denominado Asociaciones Público Privadas, para facilitar que los privados sea quienes queden a cargo de la financiación y provisión de cada proyecto en el largo plazo.





De acuerdo con el jefe de la cartera de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, "para el privado es un mecanismo atractivo de inversión, que le permite viabilizar su capacidad de innovación. Puede proponer los proyectos sin necesidad de estar invitado por las entidades estatales, así obtendrá bonificaciones entre tres y diez por ciento sobre su calificación inicial dentro del proceso licitatorio. Esto genera un incentivo adicional para que se propongan proyectos debidamente estructurados que satisfagan las necesidades básicas de la comunidad".

Para el asesor presidencial Camilo Ospina, quien es uno de los que está a cargo de consolidar estas alianzas, el objetivo también es que el Estado no sea el único que asuma los riesgos, sino que los privados también lo hagan, toda vez que a la hora de los incumplimientos, es el Estado el que siempre debe asumir todos los riesgos.

"Entre el 2012 y 2020 se dispondrá de 80 billones de pesos para inversión, vía regalías de petróleo, y la mayor parte de ellos será destinada a obras de infraestructura. Por otro lado el Plan Nacional de Desarrollo contiene dos mil proyectos viabilizados, lo que hace que sea una prioridad para el país lograr estas asociaciones para conseguir obras de excelente calidad, servicio a la altura de las exigencias del país y recursos cuando se necesiten", explica Ospina.

Para lograr estas tareas, la iniciativa presentada al Legislativo incluye modificaciones a la Ley de Predios y a la Ley 80, que permitan agilizar trámites y los tiempos relacionados con el tema de la contratación y la entrega de las concesiones, así como establecer un marco normativo que facilite la negociación entre el Estado y la empresa privada.

Junto con este proyecto de ley se da una decisión complementaria: la transformación del Instituto Nacional de Concesiones (Inco) en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), con la que se busca una institucionalidad más sólida y será la entidad encargada de coordinar la contratación y los pliegos de cada proceso, así como unificar las condiciones de contratación. En otras palabras, la ANI debe convertirse en el único gran gerente de los proyectos que se inicien en la nación, bajo el esquema de alianzas público privadas.

Según Beatriz Eugenia Morales, subgerente de Estructuración y Adjudicación de Proyectos del Inco "el objetivo es concesionar 12 millones de kilómetros en carreteras para el año 2014, de los cuales 1,4 millones serían de doble calzada, y cerrar la brecha entre las capacidades actuales para superar el número de concesiones que hoy está en 25 y suman 4.800 kilómetros concesionados".