El anuncio de la entrada en vigencia de la Norma de Sismorresistencia NSR 10 a finales de 2010, no parecía que fuera a despertar tantas críticas e inconformidades de parte de empresarios del sector, cuando la misma, de acuerdo con Camacol, fue el resultado de un trabajo juicioso en el que participaron más de mil profesionales de esta área, como ingenieros y arquitectos, que permitió tener una norma concertada y que respondía a las necesidades de la construcción nacional. Pero a mediados de este año comenzaron las molestias con disposiciones específicas de la norma, y varias constructoras del país han pedido que se revisen algunos aspectos que, en su concepto, no se ajustan a la realidad de la construcción colombiana. El primero en evidenciar esa molestia fue el gerente general de la constructora Oikos, Luis Aurelio Díaz, quien ha manifestado en varias oportunidades que la norma, si bien trae muchos beneficios para la actividad e implementa medidas de seguridad que valen la pena, también es cierto que varias de las disposiciones técnicas sin duda alguna afectarán directamente el precio de los inmuebles. De acuerdo con Díaz, este mayor costo tocará la capacidad de compra de los usuarios, pues ahora los constructores deben sacar al mercado inmuebles más caros, debido a que los costos directos del proyecto se incrementan entre un 10% y 15%.
"Si a estos valores se le suma el incremento de tasas emitidas por el Banco de la República, el asunto preocupa aún más para el futuro ya que la facilidad para adquirir vivienda de los estratos menos favorecidos se complicará pues serán esas capas sociales las más afectadas por estos incrementos debido a la nueva reglamentación", explica el gerente de Oikos. La constructora Marval, que en los últimos años ha desarrollado varios proyectos de VIS, también siente que, con algunos requerimiento de la norma, el acceso a vivienda para los estratos más bajos será más difícil porque se encarece la compra de unidades habitacionales, "Ya hicimos estudios que nos muestran que el precio de la vivienda se incrementará 3,5%, con las exigencias que ahora hace la norma, porque, por ejemplo, no solamente se exige una doble escalera para el tema de incendios, sino que eso implica además de un costo adicional, el uso de un área con la que ya no puede contar el proyecto para otros usos", explica Sergio Marín Valencia, gerente general de la constructora bumanguesa. Sin embargo, los constructores aplauden que la NSR 10 esté dispuesta para salvaguardar la vida de compradores y usuarios. "Es obvio que sí encarece la construcción, pero detrás de todo esto solo hay un válido propósito que es proteger a los clientes. Nosotros hacemos un esfuerzo técnico y económico para que en el evento de un sismo la construcción quede en pie y no corran ningún riesgo sus habitantes. Pero ese mayor sobre costo implica seguridad y tendrá un impacto en la inversión final, pero también hará que los inmuebles se valoricen mejor y que duren por muchos más años con excelente calidad", indica Andrés Arango, presidente de Ospinas y Cía. "Aunque la cuantía de hierro para cada proyecto aumentará y esto se verá reflejado en el aumento en los costos del presupuesto de construcción, más vale la integridad de cientos de vidas humanas y la protección del patrimonio arquitectónico de la ciudad. Como responsables del crecimiento arquitectónico del país, no podemos esperar a que sucesos como el terremoto de Chile o el de Haití, o un caso más cercano, el terremoto de Armenia en 1999, cobren más vidas y paralicen países enteros, y esto se logra a través de investigación y la implementación de normas que garanticen la calidad de la construcción", sostiene Maritza Echeverry, gerente de obras de la constructora REM. Camacol ha dicho que "el fin primordial de la norma en su conjunto es amparar las vidas humanas ante un sismo fuerte y proteger en lo posible el patrimonio del Estado y de los ciudadanos, dado que una estructura construida bajo la NSR debe ser capaz de resistir temblores de poca intensidad sin daño, temblores de mediana intensidad sin daño estructural y un temblor fuerte sin colapso". Los constructores ratifican que la protección de la vida humana y la salvaguarda de los habitantes de cada edificación, casa, oficina, espacio comercial, etc., no está en discusión y que en ese fin están completamente de acuerdo, pero que muchas de las disposiciones de la NSR 10 son exigencias que están fuera de la realidad del país. "En el tema específico de la doble escalera de incendios, nosotros le hemos pedido a las aseguradoras información sobre los últimos 30 años y si en ellos ha habido algún suceso mortal o de gravedad con algún habitante de una edificación, sin esta condición mencionada en la norma; y no ha ocurrido ninguno, de tal manera que es una exigencia fuera del contexto nacional". Tanto Marval como Oikos creen que en la actualización de algunos aspectos de la norma, lo que se hizo fue tomar exigencias de otros países sin revisar en su totalidad qué tan compatibles son con la realidad colombiana, en cuanto a zonas de construcción, materiales usados, condiciones sismológicas, etc.
"Algunos de estos temas en países desarrollados como Estados Unidos y en Europa son muy exigentes, como en el caso de la red de incendios, ya que muchos de los materiales utilizados son de alta combustión para mantener las temperaturas en los inviernos. Es preocupante que las citadas normas son tomadas del exterior en donde los requerimientos, las necesidades y el poder adquisitivo difieren de la situación colombiana.", agregó Díaz. Por su parte Sergio Marín Valencia fue más duro en su crítica y aseguró que "lo que hicieron fue copiar, y mal copiado, el código norteamericano y no tuvieron en cuenta la manera en la que construimos aquí. La construcción en Estados Unidos está desarrollada y pensada con el uso intensivo de materiales como la madera y por ello la propensión al fuego y a los daños que este puede causar es muy alta, pero aquí en Colombia la mayoría de ciudades están construidas en concreto y ladrillo". Los constructores aseguran que si bien esta norma no va a representar un estancamiento o una caída libre de la construcción, si es claro que la misma no favorece los precios, sobre todo, de la vivienda, y las familias, en mayor medida las de menores recursos, deberán reducir su aspiración de compra ya sea en precio, características, ubicación o estrato del inmueble. Por ello, Arango plantea soluciones: "Tenemos que aprender a diseñar mejor y que el impacto sea menor. Debemos armar equipos interdisicplinarios en los que desarrollemos estrategias que minimicen el impacto en nuestro trabajo y que sigamos produciendo inmuebles seguros que no estén expuestos a un riesgo sísmico y que sean rentables". Echeverry, de REM, por su parte, considera que "los estándares de la NSR 10 no son altos para Colombia, teniendo en cuenta que según estudios de Ingeominas, el 87% de los colombianos estamos localizados en zonas de amenaza sísmica. Aumentar la seguridad, no estancará la dinámica de un sector que juega como uno de los principales motores de la economía del país". Así las cosas, los constructores han hecho un llamado para que la norma se revise y se concerten esos puntos en los que no están de acuerdo. "Esperamos que los entes colombianos encargados de reglamentar esta nueva norma se tomen el tiempo para verificar, hasta donde debe ser implementada la medida, para no generar sobrecostos en temas que no son requeridos de manera urgente", insiste el gerente general de Oikos. "Pedimos al Gobierno y a quienes están revisando la norma, que se evalúe objetivamente y que exista una norma de transición que nos permita rediseñar y valorar mejor el costo, para lograr realmente hacer vivienda rentable. Asimismo que haya un periodo de empalme en el que podamos reformular nuestros procesos en beneficio del cliente", concluye Andrés Arango, presidente de Ospinas y Cía. |