La SCA insiste en su llamado a que las agremiaciones de profesionales de ingeniería y arquitectura participen de manera activa en la reconstrucción del país.

DIEZ BILLONES DE pesos o más costaría el proceso de reconstrucción del país tras la devastadora ola invernal. Esta es la cifra que se maneja aún sin mayor detalle y sin conocer la metodología mediante la cual se va a plantear el componente técnico para diseñar y construir las nuevas viviendas y equipamientos que reemplacen los inmuebles destruidos en la pasada crisis.

A decir del Gobierno Nacional, el proceso avanza satisfactoriamente. Sin embargo, las asociaciones de profesionales y la SCA (además como cuerpo consultivo del Gobierno) no son parte del proceso técnico de planificación de esta reconstrucción.

Hemos solicitado que en las regiones afectadas se establezcan de manera urgente comisiones de evaluación en varios niveles, desde la reubicación de poblados y municipios, hasta la elaboración de levantamientos e inventarios que den cuenta real de la magnitud de la crisis, estableciendo peritazgos e indicadores.

El tema del espacio público debe generar especial interés al interior del Fondo de Reconstrucción para la calamidad, designado por el Gobierno Nacional. No es suficiente hablar en términos de unidades de vivienda intervenidas, dejando de lado los edificios públicos también devastados.

Sin lugar a dudas deben implementarse de inmediato los procedimientos que mediante concursos públicos de arquitectura provean diseños responsables y sostenibles para las grandes intervenciones, como lo son la reubicación completa, desde la planificación y el urbanismo, y para los casos de edificios públicos y proyectos masivos de vivienda.

Las diferentes propuestas que los arquitectos colombianos adelanten, deben tramitarse sin mayor requisito que la calidad y la pertinencia de las mismas, sin tener que demostrar capacidad financiera o vinculación con los grupos de decisión que lideran los procesos.

En un segundo nivel de actuación, en el que el concurso de arquitectura no es pertinente por la magnitud del problema, es decir, reparaciones urgentes, pequeñas intervenciones puntuales, soluciones prácticas de carácter estructural, etc., debe contarse ahora mismo con entidades como la Sociedad Colombiana de Ingenieros y la SCA, que con sus más de cien mil profesionales en todo el país están en capacidad de organizar de manera equitativa y proactiva esta labor.

Se hace necesario recordar que esta tragedia es la mejor oportunidad para atender de manera transparente y democrática el déficit de casi cuatro millones de viviendas, cualitativa y cuantitativamente que tiene el país; ese es el acumulado que hoy debemos resolver.

Me permite ese indicador proponer el tema del millón de viviendas que se ha puesto como meta el Gobierno Nacional. Cifra sin duda ambiciosa pero que con los mecanismos y decisiones adecuadas podría pensarse que no es utópica.
Decisiones como la creación de los PIDU (Proyectos Integrales de Desarrollo Urbano) con los cuales se busca la generación de suelo urbanizable y con las bondades de la figura de los declarados inexequibles macroproyectos, el Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial pretende impulsar de manera decidida el impresionante déficit cuantitativo, cercano al millón trescientas mil viviendas.



Sin embargo y desafortunadamente una buena figura requiere para ser exitosa a su vez de la buena gestión. Tal concepto no es otra cosa que dotar de calidad los procesos. No sabemos -por no hacer parte de las mesas de trabajo y de decisión- si componentes coherentes de buen diseño y pertinencia con el medio ambiente están siendo tenidos en cuenta o si el trabajo intelectual de diseñar el millón de viviendas quedará en manos de particulares.

Es impostergable que de manera diáfana se establezcan, al igual que como lo mencione en el tema de la reconstrucción, procesos democráticos de diseño arquitectónico donde todos los profesionales colombianos puedan participar. Tienen que imponerse las buenas prácticas en materia de espacios públicos que le sirvan a esas viviendas. Su carencia, ya lo hemos visto, es el detonador de conductas como la violencia intrafamiliar, el hacinamiento y la inseguridad en los sectores menos favorecidos.

Como arquitectos e ingenieros portadores de una misión de mejorar nuestros entornos, hemos asumido el reto de construir un mejor país, pero ¿Cómo asumir el desinterés de quienes toman las decisiones? ¿Cómo entendemos una sociedad que es complaciente con la corrupción en la contratación pública y que ve como los recursos para construir tejido social se evaporan?

Acá hay propuestas de transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos: los concursos de arquitectura, la veeduría e interventoría de las asociaciones de profesionales y el acompañamiento de los cuerpos consultivos del Gobierno a los organismos de control del Estado.

Creo que hay esperanza en la consolidación de un excepcional ejercicio de reconstrucción del país y mas allá de una política de vivienda, con la impresionante cifra de un millón de viviendas, sobran los apetitos políticos, y falta mucho diálogo, pues aún los convocados que aporten lo técnico, no hemos sido llamados.